Este lunes 14 de julio se firmó el pacto de financiación para Cataluña entre el Gobierno y Esquerra Republicana. En él se establece la cesión total de la recaudación de los impuestos pagados en esta comunidad autónoma, a medida que la Agencia Tributaria Catalana esté en condiciones de asumirla, así como el pago de un fondo de solidaridad para compensar al resto de comunidades.

Todo empezó en septiembre de 2012, cuando Artur Mas solicitó al entonces presidente del país, Mariano Rajoy, la concesión de un sistema especial de financiación para Cataluña, similar al cupo vasco. La negativa de Rajoy fue, para los líderes nacionalistas, el "agravio final" que les legitimaba para comenzar el proceso independentista que se llevó a cabo en los años siguientes, que todos recordamos y que no es objeto de este artículo analizar.

El derecho que los nacionalistas creían tener para pedir este concierto económico se basaba, principalmente, en dos factores: la existencia previa de territorios que disfrutan de un régimen especial, y los resultados de las balanzas fiscales, desfavorables para Cataluña. El primero de ellos ni siquiera debería tenerse en consideración porque, aunque es cierto que los territorios vasco y navarro gozan de una ventaja financiera importante respecto a los demás (no solo frente a Cataluña), esa diferencia está recogida en la Constitución —mejor o peor, pero es la que tenemos—, por lo que no hay nada que discutir en ese ámbito hasta que no exista un consenso para modificarla. El factor de las balanzas fiscales, en cambio, requiere un análisis más profundo.

Las balanzas fiscales muestran la diferencia entre lo que una región aporta al Estado (en impuestos) y lo que recibe de él (en gasto público), de lo cual se puede deducir un déficit o un superávit para cada comunidad. El primer inconveniente de su uso es que, si bien pueden ofrecer una imagen aproximada de la situación o de su evolución a lo largo del tiempo, sus resultados pueden estar muy mediatizados por la forma en que se componen tanto los ingresos como los gastos, al ser ambas partidas ejecutadas conjuntamente por el Estado y las autonomías. Pero, más allá de su validez analítica, lo importante es que resulta falaz esgrimir un déficit en ellas para justificar un supuesto maltrato a un determinado territorio. No son los territorios los que pagan impuestos, sino las personas que viven en ellos. Por tanto, en una sociedad fiscalmente progresiva y redistributiva, las regiones que agrupan a un mayor número de personas con rentas altas son las que más deben aportar en términos de balanza fiscal. En estas regiones se generan ingresos sometidos a tipos fiscales más elevados, que gravan a los individuos, no a las localizaciones geográficas: un catalán con el mismo nivel de renta que un extremeño paga lo mismo, pero la renta media de los catalanes es superior a la del conjunto de los extremeños. Y es por eso que Cataluña, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana suelen tener siempre déficits en las balanzas fiscales: todos los ciudadanos deben recibir los mismos servicios, pero en estas comunidades hay más riqueza, así que, obviamente, deben aportar más.

Respecto al acuerdo firmado, deben analizarse tres derivadas: se ceden más responsabilidades a la Agencia Tributaria Catalana, se establece un fondo de solidaridad y se define el pacto como "singular y generalizable" a otras comunidades.

La cesión de todo el proceso recaudatorio a agencias tributarias autonómicas puede generar una disminución en la recaudación por incremento del fraude fiscal —al dificultarse el cruce de datos—, así como un aumento de los costes de recaudación, al duplicarse estructuras de gestión administrativa e inspección tributaria. Además, es evidente que fraccionar la caja puede inducir a quien la gestione a pensar que tiene libre disposición de ella, sin tener en cuenta los gastos del Estado realizados fuera de su ámbito territorial.

Relacionado con esto último (con quién tiene la caja en su poder) se encuentra el fondo de solidaridad hacia otras comunidades. El término en sí es ya bastante inadecuado, aunque lleva años utilizándose: pagar más impuestos cuando se tiene más renta no es "solidaridad", es justicia social y redistribución. Además, ese término, cargado de connotaciones de conmiseración y benevolencia, puede ser empleado por quien gestiona la caja para decidir, en determinadas circunstancias y de forma unilateral, que si queda menos dinero —porque se ha gastado en prestar servicios públicos a los ciudadanos propios—, no hay suficiente para contribuir a la financiación de los servicios públicos en comunidades menos favorecidas.

La consideración de este acuerdo como generalizable a otras autonomías casi puede interpretarse como una pulla aviesa del nacionalismo: consiste en decir a las comunidades que tienen más problemas para financiar sus servicios públicos —porque sus ciudadanos tienen un menor nivel de renta y, por tanto, menor capacidad recaudatoria— que no se quejen, que ellas también pueden quedarse con sus escasos recursos sin tener que compartirlos. El resto de las comunidades ricas (como Baleares o Madrid), por supuesto que podrían hacerlo. Pero ¿y el resto? Perdón, ya no me acordaba de que “el resto” queda al margen de las preocupaciones de los nacionalistas.

Para finalizar, solo puedo expresar mi confianza en que este pacto no llegue a ser aprobado por el Congreso, porque resultaría muy difícil que partidos hoy en la órbita del Gobierno —como el Bloque Nacionalista Galego, la Chunta Aragonesista, Compromís o Podemos— apoyen esta ley. No veo cómo podrían explicarlo en sus respectivos territorios (en el caso de las formaciones regionalistas) o a sus bases de izquierdas (en el caso de Podemos), sin que ello suponga su desaparición en futuras convocatorias electorales.